2024 — La reestructura exprés: el intento de corregir una megadeuda sin desmontar el daño
En agosto de 2024, aún en la administración estatal de Teresa Jiménez Esquivel y con un Ayuntamiento capitalino presidido por Leonardo Montañez, el Congreso del Estado de Aguascalientes —de mayoría panista— aprobó la modificación del contrato de Asociación Público-Privada identificado como APP 002/2019, celebrado con Next Energy del Centro.
Ese contrato, firmado originalmente en marzo de 2019 durante la alcaldía de Teresa Jiménez, era el que había comprometido al municipio por más de 3 mil 369 millones de pesos a 30 años y que, tras las modificaciones de 2020, se proyectaba en más de 20 mil millones de pesos hasta 2050.
La sesión legislativa avanzó con rapidez.
La narrativa oficial presentó la reestructura como una corrección financiera histórica: se afirmó que la deuda se reducía a un “valor neto” aproximado de 2 mil 800 millones de pesos.
Sin embargo, al considerar intereses y compromisos futuros hasta 2035, el costo real remanente podría ascender a cerca de 12 mil millones de pesos.
Es decir, la cifra se reducía en el discurso político, pero la carga financiera seguía siendo monumental.
La modificación del contrato APP 002/2019 incluyó dos elementos centrales:
Primero, el compromiso de Next Energy de devolver más de 500 millones de pesos que habían sido cobrados por servicios no prestados, principalmente por la energía que nunca se generó debido a que el parque fotovoltaico de Cañada Honda jamás entró en operación.
Segundo, el abandono definitivo del proyecto original del parque solar y su sustitución por un nuevo esquema técnico consistente en la instalación de 1,919 microplantas solares en techos de edificios públicos.
La reestructura fue presentada como una solución para “salvar las finanzas municipales”.
Pero en los hechos, no se establecieron responsabilidades por los pagos indebidos realizados durante años, ni se transparentó por qué se permitió que el contrato avanzara financieramente sin cumplir su objetivo energético.
El contrato se corrigió en cifras.
El daño patrimonial quedó intacto.
